Este 6 de noviembre en Nicaragua se realizaron las votaciones para elegir gobiernos municipales, la instancia polĆtica administrativa mĆ”s cercana a la poblaciĆ³n. A pesar de los esfuerzos del gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo para que los ciudadanos se presentaran a las urnas y las amenazas directas a los empleados estatales, los niveles de abstenciĆ³n fueron sumamente altos.
Numerosos reportes periodĆsticos y de ciudadanos en las redes sociales mostraron centros de votaciĆ³n vacĆos y simpatizantes del gobierno visitando casas para convencer a la gente de acudir a votar, evidenciando el amplio rechazo al gobierno incluso entre sus propios partidarios.
Los resultados son predecibles toda vez que, desde 2008, Ortega ha avanzado hasta controlar prĆ”cticamente todos los gobiernos municipales a travĆ©s de procesos electorales fraudulentos. Esto ha convertido a las alcaldĆas en aparatos ejecutores de las decisiones adoptadas de manera centralizada desde la presidencia. TambiĆ©n en instrumentos de sus prĆ”cticas clientelistas y populistas antes del estallido social de 2018. Y, mĆ”s recientemente, en centros de operaciĆ³n de las fuerzas represivas gubernamentales.
Control de autonomĆa y participaciĆ³n municipal en Nicaragua
La autonomĆa de los gobiernos municipales se convirtiĆ³ en una de las banderas mĆ”s importantes de la democracia en la primera dĆ©cada del siglo XXI. En esa Ć©poca, el 34 % de las 152 alcaldĆas fueron ganadas por el Frente Sandinista de LiberaciĆ³n Nacional (FSLN) cuando se encontraba en la oposiciĆ³n.
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Los alcaldes sandinistas se pusieron al frente de las demandas para fortalecer la autonomĆa, incrementar las transferencias presupuestarias a las localidades y fortalecer los procesos de participaciĆ³n ciudadana.
En 2005 se aprobĆ³ una Ley de ParticipaciĆ³n Ciudadana en Nicaragua que promoviĆ³ numerosas iniciativas de diĆ”logo y colaboraciĆ³n entre instituciones pĆŗblicas y organizaciones sociales en el Ć”mbito local y nacional.
Para los comicios municipales de 2004, el 57 % de las alcaldĆas fueron ganadas por el FSLN precisamente por la beligerancia con la que impulsaron los procesos de participaciĆ³n ciudadana, la gestiĆ³n pĆŗblica local y la autonomĆa de los municipios. Eso creĆ³ una base de apoyo significativa para el regreso de Ortega a la presidencia en el 2007. Sin embargo, una vez en el cargo, hizo a un lado las experiencias previas de participaciĆ³n ciudadana e iniciĆ³ su control sobre los gobiernos municipales.
En las elecciones de 2008 el partido de gobierno logrĆ³ el 71 % de alcaldĆas, en medio de conflictos y numerosos episodios de violencia polĆtica por la irregularidad de los resultados. Esos fueron los primeros incidentes en los que el gobierno de Ortega empleĆ³ la represiĆ³n abierta en contra de ciudadanos que protestaban.
La racionalidad autoritaria
En las elecciones del 2012 ya tenĆa el control del 83 % de los gobiernos municipales y en los comicios del 2017, caracterizados por un alto nivel de abstenciĆ³n, alcanzĆ³ el control del 92 % de las alcaldĆas en todo el paĆs. Las administraciones municipales que quedaron fuera del alcance partidario fueron sistemĆ”ticamente castigadas con la disminuciĆ³n de los fondos transferidos desde el gobierno central. Pero, ademĆ”s, con las destituciones arbitrarias de autoridades edilicias en diferentes momentos hasta culminar con el ataque y violento desalojo de cinco alcaldes en julio reciĆ©n pasado.
El alcance de este control se comprende a la luz del proceso de subordinaciĆ³n que Daniel Ortega ha llevado a cabo sobre los demĆ”s poderes estatales, de tal manera que ha roto el balance que deberĆa existir entre ellos. Ortega tiene a su favor a los magistrados en el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y una bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional que aprueba todas las leyes que presenta. AdemĆ”s, controla el aparato gubernamental. La extensiĆ³n de su poder hasta el nivel local hace parte de su esencia totalitaria.
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Para materializar sus planes, 118 alcaldes se presentaron nuevamente como candidatos a los comicios del 6 de noviembre para continuar en sus cargos. Varios de ellos tienen mĆ”s de 10 aƱos consecutivos como ediles. Ese es el caso de Sadrach ZeledĆ³n, LeĆ³nidas Centeno y Francisco Valenzuela, en las ciudades de Matagalpa, Jinotega y EstelĆ, al norte del paĆs. Los tres han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos debido a su participaciĆ³n en las acciones de represiĆ³n contra la poblaciĆ³n en 2018.
Rechazo popular en Nicaragua
En mayo de este aƱo la Asamblea Nacional reformĆ³ nuevamente la ley electoral para reducir el perĆodo de la campaƱa a 20 dĆas en el caso de las municipales y 30 dĆas en las presidenciales. AdemĆ”s del FSLN, otros cuatro partidos polĆticos se inscribieron para participar en los comicios, todos considerados ācolaboracionistasā.
Durante el perĆodo seƱalado para la campaƱa, no se efectuaron actividades proselitistas de los partidos. Los candidatos oficialistas utilizaron recursos estatales para sus actividades y se efectuaron numerosas denuncias de personas incluidas en las listas de candidatos a concejales sin su consentimiento.
Los dĆas previos a la votaciĆ³n, el gobierno de Ortega emprendiĆ³ una nueva ola de persecuciĆ³n a personas que identifica como opositoras. AsĆ, en el lapso de una semana 19 personas fueron detenidas en diferentes lugares del paĆs, elevando la cantidad de personas prisioneras polĆticas a 240 en diferentes centros penales.
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De manera similar a las presidenciales de 2021, la respuesta de la ciudadanĆa frente a este estado de cosas, fue una masiva abstenciĆ³n. El domingo 6 de noviembre, la gente se quedĆ³ dentro de sus casas, cerrĆ³ las puertas y las calles de los principales centros urbanos del paĆs lucieron vacĆas, igual que las Juntas Receptoras de Votos. Los reportes periodĆsticos y de ciudadanos que circularon profusamente en redes sociales ofrecieron abundantes evidencias del rechazo de la poblaciĆ³n.
La profundizaciĆ³n de la ilegitimidad
El organismo Urnas Abiertas, que ha dado seguimiento elecciones en Nicaragua, reportĆ³ que mĆ”s del 60% de los centros de votaciĆ³n tenĆan diferentes puestos de control. De igual forma, en un porcentaje significativo, los ciudadanos presentaron dificultades porque no aparecĆan en el padrĆ³n. Al final de la jornada, el porcentaje de abstenciĆ³n fue estimado en el 82%. Mientras que el Consejo Supremo Electoral en su primer informe le adjudicĆ³ el 100 % de las alcaldĆas al partido de gobierno.
Los resultados no sorprenden, pero no por ello dejan de ser preocupantes. Se consolida la deriva totalitaria que sigue el rĆ©gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su ilegitimidad y el descontento de la poblaciĆ³n se han profundizado.
Resulta imposible ocultar el acelerado proceso de erosiĆ³n de su propia base de apoyo polĆtico. El rĆ©gimen de Nicaragua se encuentran prĆ”cticamente autoaislado de la comunidad internacional por no atender las demandas de liberaciĆ³n prisioneros polĆticos. AsĆ como omitir el restablecimiento de los derechos y libertades ciudadanas.
Con la imposiciĆ³n de la verticalidad y la hegemonĆa a todos los niveles de gobierno, Ortega revela su esencia, pero tambiĆ©n su debilidad. Sabe que el descontento acumulado entre la poblaciĆ³n se colarĆ” por el cualquier resquicio, en cualquier momento. Su opciĆ³n entonces es reafirmarse con un rĆ©gimen de control total.
