Este 6 de noviembre en Nicaragua se realizaron las votaciones para elegir gobiernos municipales, la instancia política administrativa más cercana a la población. A pesar de los esfuerzos del gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo para que los ciudadanos se presentaran a las urnas y las amenazas directas a los empleados estatales, los niveles de abstención fueron sumamente altos.
Numerosos reportes periodísticos y de ciudadanos en las redes sociales mostraron centros de votación vacíos y simpatizantes del gobierno visitando casas para convencer a la gente de acudir a votar, evidenciando el amplio rechazo al gobierno incluso entre sus propios partidarios.
Los resultados son predecibles toda vez que, desde 2008, Ortega ha avanzado hasta controlar prácticamente todos los gobiernos municipales a través de procesos electorales fraudulentos. Esto ha convertido a las alcaldías en aparatos ejecutores de las decisiones adoptadas de manera centralizada desde la presidencia. También en instrumentos de sus prácticas clientelistas y populistas antes del estallido social de 2018. Y, más recientemente, en centros de operación de las fuerzas represivas gubernamentales.
Control de autonomía y participación municipal en Nicaragua
La autonomía de los gobiernos municipales se convirtió en una de las banderas más importantes de la democracia en la primera década del siglo XXI. En esa época, el 34 % de las 152 alcaldías fueron ganadas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuando se encontraba en la oposición.
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Los alcaldes sandinistas se pusieron al frente de las demandas para fortalecer la autonomía, incrementar las transferencias presupuestarias a las localidades y fortalecer los procesos de participación ciudadana.
En 2005 se aprobó una Ley de Participación Ciudadana en Nicaragua que promovió numerosas iniciativas de diálogo y colaboración entre instituciones públicas y organizaciones sociales en el ámbito local y nacional.
Para los comicios municipales de 2004, el 57 % de las alcaldías fueron ganadas por el FSLN precisamente por la beligerancia con la que impulsaron los procesos de participación ciudadana, la gestión pública local y la autonomía de los municipios. Eso creó una base de apoyo significativa para el regreso de Ortega a la presidencia en el 2007. Sin embargo, una vez en el cargo, hizo a un lado las experiencias previas de participación ciudadana e inició su control sobre los gobiernos municipales.
En las elecciones de 2008 el partido de gobierno logró el 71 % de alcaldías, en medio de conflictos y numerosos episodios de violencia política por la irregularidad de los resultados. Esos fueron los primeros incidentes en los que el gobierno de Ortega empleó la represión abierta en contra de ciudadanos que protestaban.
La racionalidad autoritaria
En las elecciones del 2012 ya tenía el control del 83 % de los gobiernos municipales y en los comicios del 2017, caracterizados por un alto nivel de abstención, alcanzó el control del 92 % de las alcaldías en todo el país. Las administraciones municipales que quedaron fuera del alcance partidario fueron sistemáticamente castigadas con la disminución de los fondos transferidos desde el gobierno central. Pero, además, con las destituciones arbitrarias de autoridades edilicias en diferentes momentos hasta culminar con el ataque y violento desalojo de cinco alcaldes en julio recién pasado.
El alcance de este control se comprende a la luz del proceso de subordinación que Daniel Ortega ha llevado a cabo sobre los demás poderes estatales, de tal manera que ha roto el balance que debería existir entre ellos. Ortega tiene a su favor a los magistrados en el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y una bancada mayoritaria en la Asamblea Nacional que aprueba todas las leyes que presenta. Además, controla el aparato gubernamental. La extensión de su poder hasta el nivel local hace parte de su esencia totalitaria.
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Para materializar sus planes, 118 alcaldes se presentaron nuevamente como candidatos a los comicios del 6 de noviembre para continuar en sus cargos. Varios de ellos tienen más de 10 años consecutivos como ediles. Ese es el caso de Sadrach Zeledón, Leónidas Centeno y Francisco Valenzuela, en las ciudades de Matagalpa, Jinotega y Estelí, al norte del país. Los tres han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos debido a su participación en las acciones de represión contra la población en 2018.
Rechazo popular en Nicaragua
En mayo de este año la Asamblea Nacional reformó nuevamente la ley electoral para reducir el período de la campaña a 20 días en el caso de las municipales y 30 días en las presidenciales. Además del FSLN, otros cuatro partidos políticos se inscribieron para participar en los comicios, todos considerados “colaboracionistas”.
Durante el período señalado para la campaña, no se efectuaron actividades proselitistas de los partidos. Los candidatos oficialistas utilizaron recursos estatales para sus actividades y se efectuaron numerosas denuncias de personas incluidas en las listas de candidatos a concejales sin su consentimiento.
Los días previos a la votación, el gobierno de Ortega emprendió una nueva ola de persecución a personas que identifica como opositoras. Así, en el lapso de una semana 19 personas fueron detenidas en diferentes lugares del país, elevando la cantidad de personas prisioneras políticas a 240 en diferentes centros penales.
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De manera similar a las presidenciales de 2021, la respuesta de la ciudadanía frente a este estado de cosas, fue una masiva abstención. El domingo 6 de noviembre, la gente se quedó dentro de sus casas, cerró las puertas y las calles de los principales centros urbanos del país lucieron vacías, igual que las Juntas Receptoras de Votos. Los reportes periodísticos y de ciudadanos que circularon profusamente en redes sociales ofrecieron abundantes evidencias del rechazo de la población.
La profundización de la ilegitimidad
El organismo Urnas Abiertas, que ha dado seguimiento elecciones en Nicaragua, reportó que más del 60% de los centros de votación tenían diferentes puestos de control. De igual forma, en un porcentaje significativo, los ciudadanos presentaron dificultades porque no aparecían en el padrón. Al final de la jornada, el porcentaje de abstención fue estimado en el 82%. Mientras que el Consejo Supremo Electoral en su primer informe le adjudicó el 100 % de las alcaldías al partido de gobierno.
Los resultados no sorprenden, pero no por ello dejan de ser preocupantes. Se consolida la deriva totalitaria que sigue el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su ilegitimidad y el descontento de la población se han profundizado.
Resulta imposible ocultar el acelerado proceso de erosión de su propia base de apoyo político. El régimen de Nicaragua se encuentran prácticamente autoaislado de la comunidad internacional por no atender las demandas de liberación prisioneros políticos. Así como omitir el restablecimiento de los derechos y libertades ciudadanas.
Con la imposición de la verticalidad y la hegemonía a todos los niveles de gobierno, Ortega revela su esencia, pero también su debilidad. Sabe que el descontento acumulado entre la población se colará por el cualquier resquicio, en cualquier momento. Su opción entonces es reafirmarse con un régimen de control total.