Hasta la ola de protestas de 2018, Nicaragua era considerado un régimen híbrido donde convivían remanentes autoritarios del conflicto pasado y las formalidades de la democracia. La “rebelión de abril”, que dejó al menos 355 personas asesinadas por el Estado en tres meses, puso al desnudo lo que en realidad estaba ocurriendo desde 2007 con el regreso de Daniel Ortega a la presidencia —su primer gobierno fue de 1985 a 1990—: la instalación de un proyecto dinástico y dictatorial.
Ortega lleva ya cinco mandatos y junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, hoy gobierna un Estado policial en el que la principal política pública es la represión sistemática. El 7 de noviembre de 2021 ganaron unas elecciones amañadas, después de que el gobierno encarcelara a siete candidatos de la oposición. El pasado 10 de enero el exguerrillero asumió su cuarto mandato consecutivo en un acto donde casi ningún gobierno extranjero envió representación. Pero ni la falta de legitimidad ni el rechazo de la comunidad internacional importan a Ortega y Murillo. En Nicaragua las voces críticas se convierten en exiliados o en presos políticos condenados en juicios espurios mientras la pareja presidencial se perpetua en el poder.
El desmantelamiento de la democracia por parte de Ortega comenzó a través de la subordinación de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, lo que le ha facilitado el control de la Asamblea Nacional y de los gobiernos locales. Órganos en teoría autónomos, como la Contraloría General del Estado, se han convertido en herramientas al servicio del régimen.
Su crecida autoritaria incluyó también una alianza con el sector empresarial para conformar su propio grupo económico, al utilizar los fondos que enviaba el gobierno de Venezuela como apoyo, promociones adelantadas a oficiales de la Policía y el Ejército, y llenando los bolsillos de funcionarios clave del Estado para más adelante construir un andamiaje jurídico que institucionalizó su régimen como la única posibilidad para el país.
Nicaragua se ha convertido en una dictadura sin que se resuelvan los problemas estructurales de uno de los países más pobres de América Latina y el Caribe. Todo ello encendió la chispa para las masivas protestas de abril de 2018.
Desde las manifestaciones, el régimen perdió las formas. La voluntad del pueblo a la que dice encarnar se convirtió en una molestia que ha aplastado mediante la violación de sus derechos. Hoy hay al menos 179 presos políticos, solo este año el gobierno ha cerrado casi 200 organizaciones no gubernamentales —que para muchos nicaragüenses eran una ayuda fundamental para sobrevivir— y ha empujado a cientos de miles al exilio, entre ellos gran parte de los periodistas independientes, defensores de derechos humanos e intelectuales.
Ni siquiera la salud de los nicaragüenses hizo cambiar de rumbo a la pareja presidencial. Su política ante la pandemia fue ocultar información sobre los casos y muertes por COVID-19 y hacer llamados a eventos masivos en los que se exponía a la población al contagio. Cuando los médicos denunciaron públicamente la negativa del gobierno a entregar equipos de protección y el riesgo que corría el personal sanitario, la respuesta fue la misma receta: amenazas y represión.
Conscientes de que habían perdido el favor del pueblo, Daniel Ortega y Rosario Murillo acabaron por apuntalar los resquicios democráticos que quedaban en el país con vistas a las elecciones presidenciales del pasado noviembre. Para ello aprobaron la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, dirigida a criminalizar organizaciones sociales y restringir su acceso a fondos de apoyo; la Ley Especial de Ciberdelitos, para perseguir a la prensa independiente y a la ciudadanía que opine públicamente; o la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz, que tiene el propósito de inhabilitar a la oposición para optar a cargos públicos. Solo el año pasado fueron detenidas más de 50 personas bajo alguna de estas nuevas leyes.
Los primeros meses del nuevo mandato de Ortega han estado presididos por los juicios sumarios y las condenas a muchos de estos presos políticos, algunos grandes símbolos de la lucha por la libertad y la democracia. Dora María Téllez, mítica guerrillera que se enfrentó a su excompañero de armas, ha sido condenada a ocho años de cárcel por “conspiración”. También Cristiana Chamorro, excandidata presidencial e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, por un supuesto delito de lavado de dinero. Y Hugo Torres, otro reconocido exguerrillero y general de brigada en retiro, murió antes de ser enjuiciado después de que su salud se deteriorara en prisión. Las denuncias de torturas y malos tratos contra los reos continúan al tiempo que sus familiares son hostigados, vigilados y hasta se les retira el pasaporte para que no puedan salir del país.
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido un manual de cómo desmantelar una joven democracia para instaurar un viejo autoritarismo. A la pareja presidencial ya no le queda ni el decoro. En otros países de América Latina el autoritarismo se sigue vistiendo con otros ropajes, pero en Nicaragua hay una dictadura al desnudo.
Este artículo forma parte de una serie sobre autoritarismo en América Latina que The Washington Post publica en conjunto con Dromómanos. Consulte la versión original.