El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica publica su boletín Perspectivas número 191, en el que ofrece un panorama detallado de las dinámicas de poder que marcan la realidad centroamericana: desde el octavo aniversario del levantamiento cívico de abril de 2018 en Nicaragua hasta la disputa abierta por el control institucional en Guatemala.
En Nicaragua este mes se conmemoran ocho años de la rebelión cívica de abril de 2018, definido por Perspectivas como un momento que “marcó un parteaguas en la historia reciente” del país. El aniversario llega, en un contexto especialmente desfavorable para el régimen, “por la fragilidad que implica su propio proceso de sucesión dinástica, las purgas que están efectuando para modificar la estructura de poder; por el cambio significativo en el escenario político latinoamericano y un entorno internacional cada vez más adverso”.
Frente a ese escenario, la oposición nicaragüense ha intensificado sus esfuerzos para construir una ruta de transición democrática. En ese afán, las propuestas coinciden, según CETCAM, en tres ejes centrales: “la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de exiliados, desterrados y desnacionalizados, y la restitución de los derechos y libertades ciudadanas”.
El centro reconoce que estos esfuerzos son similares a los de 2021, pero identifica como factor diferenciador el contexto actual que habría abierto “una ventana de oportunidad real para un cambio democrático”.
Las alcaldías se han convertido en espacios donde la corrupción campea impunemente
El boletín documenta cómo la dictadura avanzó en marzo pasado en la eliminación de la autonomía de los gobiernos locales, al derogar la Ley de Carrera Administrativa Municipal para trasladar a la Procuraduría General de Justicia “la gestión y control de los recursos humanos, así como la administración de los patrimonios y bienes municipales”, bajo la justificación de un “funcionamiento eficiente”.
El análisis recuerda que este proceso de subordinación comenzó en 2008 y se consolidó en 2022, cuando el régimen tomó “el control total de las alcaldías mediante mecanismos fraudulentos de elección”. La conclusión del boletín es clara: “será la ciudadanía la que sufra las consecuencias de un remedio que va a resultar tanto o más perjudicial que la propia enfermedad”.
Guatemala: la disputa por el poder a nueve meses de las elecciones presidenciales
2026 marca para Guatemala “un punto de inflexión para la presidencia de Bernardo Arévalo”, según detalla Perspectivas, ya que, a nueve meses de las elecciones previstas para enero de 2027, el país vive una disputa intensa entre las estructuras tradicionales de poder y las fuerzas reformistas.
El foco del conflicto es el Ministerio Público encabezado por Consuelo Porras, señalada de perseguir a jueces, fiscales, activistas y periodistas, y “sancionada por más de 40 países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea”. Su decisión más reciente fue la cancelación de la personería jurídica del partido Semilla, que llevó a Arévalo a la presidencia, lo que —según analistas guatemaltecos citados en el boletín— “rompe el orden constitucional” e introduce “un elemento de desconfianza entre los ciudadanos porque sus votos pueden ser vulnerados después de los procesos electorales”.
