El régimen de Nicaragua ha legalizado su dictadura familiar mediante una reforma constitucional impuesta, creando las condiciones institucionales para el traspaso formal del poder en el corto plazo, mientras que el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado una creciente ola de incertidumbre para los migrantes centroamericanos. Así lo analiza el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) en su más reciente boletín Perspectivas 181. 

CETCAM detalla cómo Daniel Ortega y Rosario Murillo han concretado la transformación del régimen político nicaragüense mediante una reforma constitucional, "la imposición de una nueva Constitución Política y las reformas subsiguientes a leyes fundamentales han configurado un andamiaje institucional que concentra el poder absoluto en la presidencia bicéfala, liquida la separación de poderes, convierte a todas las instituciones del Estado y los gobiernos locales y regionales en instrumentos de la voluntad de ambos dictadores", señala. 

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El análisis subraya que esta transformación es parte de un plan trazado desde 2007, que comenzó con "la partidización del gobierno, en particular de la Policía y el Ejército", siguió con su reelección inconstitucional en 2011 y culminó con "la expulsión de diputados electos y su sustitución por personas designadas en el 2016". 

La nueva constitución, según CETCAM, "legaliza el sistema dictatorial que los Ortega Murillo ya habían impuesto de facto. Aparte de dar legalidad a un régimen violador de los Derechos Humanos, la nueva constitución tiene por objeto formalizar la absoluta concentración del poder en los Ortega Murillo y reforzar los mecanismos de control sobre la sociedad civil, el principal de ellos, mantener vigente el clima de terror que han impuesto a los nicaragüenses". 

Centroamérica recibe migrantes no centroamericanos 

Tras la asunción de Donald Trump a su segundo mandato presidencial, uno de los ejes centrales del discurso de Trump, “ha sido señalar a los migrantes como los responsables de todos los males de Estados Unidos. Los ha presentado como violadores, asesinos y traficantes de drogas, deshumanizándolos", indica Perspectivas. 

El boletín destaca que "la mayoría de los países centroamericanos como Costa Rica, Honduras, Panamá y El Salvador establecieron cuestionables acuerdos con Estados Unidos para recibir migrantes no centroamericanos". El caso salvadoreño resulta particularmente alarmante "por la decisión del presidente Nayib Bukele de recibir a más de 200 migrantes venezolanos acusados de ser integrantes del grupo criminal Tren de Aragua para recluirlos en la mega cárcel conocida como CECOT". 

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Finalmente, se estima que los migrantes centroamericanos alcanzan los seis millones y, “a la fecha, no se conoce la cantidad exacta de los deportados que comenzaron a llegar en vuelos a cada país después de la visita del Subsecretario de Estado, Marco Rubio a inicios de febrero".