Siete años después de las protestas de abril de 2018, la oposición nicaragüense permanece fragmentada y enfrenta el desafío de construir una alianza cohesiva entre las diferentes fuerzas opositoras mientras El Salvador profundiza su deriva autoritaria con nuevas detenciones de defensores de derechos humanos y la aprobación de una ley de agentes extranjeros, según revela el más reciente análisis del boletín Perspectivas del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).
Los numerosos grupos y organizaciones que surgieron de las protestas, muchos ahora en el exilio, están fragmentados y buscan como construir una «unidad» desde diferentes iniciativas; mientras la dictadura continúa aferrada al poder, según el CETCAM.
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Actualmente, «ningún liderazgo, organización o alianza cuenta con la legitimidad y vocería suficiente entre las fuerzas opositoras» y, “la represión sistemática y el desmantelamiento de las estructuras organizativas internas han debilitado las posibilidades de mantener conexiones políticas significativas con la ciudadanía dentro de Nicaragua”, creando una brecha que «influye sobre la capacidad real de representar las demandas de la sociedad nicaragüense», destaca el análisis.
Los grupos de oposición prodemocracia deberían evitar la tentación de una «gran unidad» y, más bien, deberían apostar por fortalecer las capacidades de quienes ya están trabajando, sumando esfuerzos de manera flexible y respetuosa para construir una alternativa política y un plan para la transición democrática, considera la edición 182 del boletín de análisis político Perspectivas.
El Salvador acelera el autoritarismo bajo el gobierno de Bukele
En paralelo, después de Nicaragua, El Salvador es el país centroamericano que más preocupa en la región debido a su acelerada deriva autocrática. Tras tres años consecutivos de aplicación del régimen de excepción que ha dejado más de 80 mil personas detenidas, la situación se ha agravado con nuevos acontecimientos.
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La represión se ha intensificado con las detenciones de al menos tres defensores de derechos humanos en los últimos días: el pastor José Ángel Pérez, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y la abogada anticorrupción Ruth López. Estos casos se suman a otros 125 procesos contra defensores, exfuncionarios y líderes sindicales, mientras la Asamblea Legislativa aprobó una ley de agentes extranjeros similar a la nicaragüense que limita el derecho de asociación y el quehacer de las organizaciones sociales.
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El presidente, quien se autodenominó «dictador cool», ha encabezado una campaña de estigmatización que justifica estos acontecimientos, mientras numerosos periodistas han tenido que abandonar El Salvador por amenazas y riesgos a su seguridad.