** Análisis de CETCAM evidencia eliminación de la separación de poderes y concentración total del control estatal en manos del Ejecutivo
El más reciente informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) analiza las reformas constitucionales implementadas en Nicaragua entre 2024 y 2025, evidenciando cambios estructurales que afectan la naturaleza del Estado nicaragüense y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Las recientes reformas constitucionales forman parte de una estrategia para «legalizar su proyecto político autoritario y dinástico», en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país desde las protestas civiles de abril de 2018. CETCAM señala que «el régimen de los Ortega-Murillo no ha podido acabar con las protestas y acciones de resistencia ciudadana, ha optado por la radicalización autoritaria y del estado policial impuesto sobre la población».
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Reformas, transformación radical en el sistema político
El análisis revela que estas modificaciones, lejos de ser cambios menores, representan una transformación radical del sistema político nicaragüense. Entre los hallazgos más alarmantes destaca la eliminación efectiva de la separación de poderes, con un Ejecutivo que ahora tiene control directo sobre los órganos Legislativo, Judicial y Electoral.
«Las reformas eliminan la separación de poderes, consolidando un modelo centralizado donde el Ejecutivo tiene control sobre los órganos Legislativo, Judicial y Electoral. Esto compromete gravemente los principios democráticos y los mecanismos de control y equilibrio que garantizaban la independencia institucional», indica Eliseo Nuñez, investigador asociado de CETCAM y autor del estudio.
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Otra transformación significativa es el cambio conceptual de la justicia, que «deja de ser considerada como emanada del pueblo y se redefine como un derecho del pueblo, lo que la convierte en un proceso más burocrático y mecánico», destacó el autor. Esta redefinición viene acompañada de una transferencia de la administración y organización del sistema judicial al Ejecutivo, anulando cualquier vestigio de autonomía.
El informe también identifica la reducción del número de magistrados tanto en la Corte Suprema de Justicia (de 16 a 10) como en el Consejo Supremo Electoral (establecidos en 6), lo que afecta la capacidad operativa y representatividad de ambas instituciones.
Implicaciones para el futuro democrático
Según el análisis, estas reformas impactan severamente las condiciones necesarias para un sistema democrático funcional. La credibilidad en la alternancia política «ha sido prácticamente eliminada con la reforma. La introducción de la figura de la copresidencia y la eliminación de la separación de poderes consolidan un modelo donde la alternancia democrática es imposible», describió el jurista.
El estudio señala que la gobernabilidad actual se ha basado en «un modelo de control social y represión», reforzado por la creación de cuerpos paramilitares como la Policía Voluntaria y la Reserva Patriótica, que consolidan una estructura de Estado policial.
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Para revertir estos cambios, el informe propone una hoja de ruta que incluye devolver el poder a la ciudadanía mediante educación cívica, fortalecimiento de la sociedad civil y fomento de liderazgos alternativos.
Entre las medidas inmediatas para un eventual gobierno de transición, se destacan las reformas urgentes al marco constitucional para restaurar la separación de poderes, la reconstrucción del sistema electoral para garantizar su independencia, la desmilitarización del aparato estatal y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
CETCAM concluye que, si estas reformas se mantienen, Nicaragua enfrentará un mayor deterioro democrático progresivo, caracterizado por fragmentación política, parálisis económica y conflictos sociales recurrentes, alejándose cada vez más de los estándares internacionales de gobernanza democrática.
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