En Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) presentó el informe “Autoritarismo en Centroamérica, persecución penal ilegítima en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua”, en el que analiza los elementos más relevantes de la tendencia autoritaria en la región y su relación con la persecución judicial para “castigar” a los funcionarios públicos y todos aquellos que se atrevan a investigar casos de corrupción dentro del Estado.
De acuerdo con el análisis, actualmente Centroamérica vive un proceso creciente de autoritarismo que incluye la concentración de poder, la corrupción y cooptación entre las élites, el establecimiento de la impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos, hasta la instrumentalización del órgano judicial para perseguir a funcionarios que por imperativo legal investigan y juzgan actos de corrupción.
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“En muchos casos, principalmente en Nicaragua y El Salvador, se ha usado al sistema penal como instrumento y herramienta política para desplazar los derechos de las personas que se persigue e investiga, violentado los límites supralegales de derechos humanos con el objetivo de realizar actos contrarios a los mismos. De esta manera es que los regímenes políticos controlan y neutralizan a los grupos críticos, opositores o personas consideradas una amenaza contra ellos, pretendiendo legalizar estos actos arbitrarios y despóticos perpetrados”, considera CETCAM.
Relación entre autoritarismo y persecución judicial o lawfare
Los autoritarismos de la región han creado una serie de leyes especiales para perseguir a la disidencia, los medios de comunicación, a las organizaciones de sociedad civil y, así evitar la competencia política, la libertad de información y la fiscalización de la actuación pública.
“La relación entre lawfare y autoritarismo, se caracteriza por la centralización de poder y el ejercicio de este en separación de la institucionalidad democrática, consiste en la necesidad de eliminar cualquier tipo de contrapeso institucional que limite el poder político”, explica CETCAM.
“Se ha logrado observar que la región enfrenta por un lado, casos de judicialización de la política, como en Nicaragua y El Salvador, y casos de judicialización de la función fiscalizadora de los actos públicos, dada la persecución a jueces y fiscales en Guatemala, y persecución a periodistas y organismos de la sociedad civil en Honduras, junto con normas penales limitadas para sancionar los actos de corrupción, blindando a los corruptos y generando con ello, implícitamente, mayor capacidad de penetración del crimen organizado y el narcotráfico en el Estado”, detalla el informe.
Estudios de caso
El estudio de CETCAM presenta estudios de caso de los países de la región que han generado las condiciones que les permitan permear de legalidad los actos de persecución y de constante violación de derechos humanos a sus ciudadanos.
En los diferentes casos se señala a Nicaragua como creadora de un orden legal para criminalizar a la oposición política, a El Salvador por configurar un régimen autoritario al amparo de la lucha contra las pandillas, a Guatemala por haber capturado a la administración de justicia por un pacto entre corruptos y, a Honduras por transitar del autoritarismo de Juan Orlando Hernández al neopotismo de los Zelaya.
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“Mientras la judicialización de la fiscalización y de la actividad política es una realidad manifiesta en los casos objeto de estudio, la impunidad se convierte en un derrotero claro de los regímenes políticos. Visto más desde una perspectiva sistémica, esto contribuye al arraigamiento de una cultura de impunidad en la región, entendida como una omisión deliberada de afrontar las violaciones a la legalidad y la perpetración de actos de corrupción y crímenes al amparo del Estado”.
CETCAM considera que más allá de la actual situación, en la región centroamericana existen grupos políticos y sociales que le hacen contrapesos a los grupos que detentan el poder, “esto sienta una esperanza de cambio, fundamentales en las transiciones políticas que nuestros países requerirán para hacerle frente no solo a estos problemas tan graves de autoritarismo, sino también a la marginalidad, la pobreza y la migración que desgarran junto con la violencia a nuestras sociedades y sus tejidos”, concluye.