El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) publicó la edición No. 192 de su boletín Perspectivas, con análisis sobre los dos temas que marcan la coyuntura regional: el escenario geopolítico que enfrenta Nicaragua y los cambios políticos recientes en Honduras, Costa Rica y Guatemala.
En esta edición el boletín advierte que entre 2025 y lo que va del 2026, “el orden mundial ha cambiado significativamente, se incrementaron los conflictos bélicos y la confrontación entre potencias tanto en el ámbito militar como económico”, y el escenario nicaragüense no es ajeno a esas transformaciones.
A mediados de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra siete empresas mineras chinas que operan en Nicaragua, funcionarios del régimen y dos hijos de los co-dictadores. La reacción de Ortega fue calificar de “desquiciado” a Trump y acusar a Estados Unidos como “agresor.” Desde 2017 a la fecha suman “87 personas y empresas sancionadas, entre ellos casi todos los miembros de la familia Ortega-Murillo, diputados, ministros, alcaldes y altos mandos policiales y militares”, solo en 2026 se decidieron 19, “a diferencia del 2025 cuando no hubo ninguna”.
Perspectivas documenta, además, la profundización de alianzas con potencias rivales de Washington. El Senado ruso ratificó recientemente un acuerdo militar “orientado a fortalecer la presencia y coordinación estratégica de fuerzas rusas en Centroamérica, con una vigencia inicial de cinco años y prórroga automático”. En paralelo, el régimen ha otorgado concesiones a “más de 15 empresas asiáticas para la extracción de oro, lo que representa un 6% de la geografía del país”.
Frente a este escenario, el CETCAM identifica como desafío urgente la construcción de una alternativa democrática, advirtiendo que “la ausencia de una alternativa política seria podría significar cambios cosméticos”, citando a Venezuela como referente para Nicaragua.
Honduras, Costa Rica y Guatemala: Cambios en curso
En Honduras, los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura estuvieron marcados por “falta de articulación entre las instituciones públicas, continuidad de los gobiernos anteriores y desencanto en relación con las expectativas de la población”. A ello se sumó el escándalo del Hondurasgate, derivado de audios atribuidos al expresidente Juan Orlando Hernández que revelarían un plan para desestabilizar gobiernos de izquierda en la región.
Por otro lado, en Costa Rica, Laura Fernández asumió la presidencia el 8 de mayo con mayoría legislativa y bajo la fuerte influencia de su antecesor Rodrigo Chaves, nombrado secretario de la presidencia y ministro de hacienda.
En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo nombró a Gabriel García Luna como nuevo fiscal general, sustituyendo a Consuelo Porras, “señalada de corrupción y obstrucción de la justicia en detrimento de la democracia”, cerrando así “un período de fuertes conflictos entre Porras y la presidencia, además de persecución a fiscales y operadores de justicia forzados al exilio”.
